El decreto de Gran Scala obliga a las Cortes a retocar sus normas

Fuente: El Periódico de Aragón

Las Cortes de Aragón aprobaron ayer un retoque de sus normas de funcionamiento para poder tramitar el decreto de medidas urbanísticas promulgado la semana pasada por la DGA para facilitar el asentamiento de Gran Scala en Los Monegros.

El decreto ley es una de las novedades incluidas en la reforma del Estatuto de autonomía, que ordena que deben ser convalidados en el plazo de un mes desde su aprobación y contempla la posibilidad de que sea tramitado como proyecto de ley. Los trámites para esas dos opciones debían ser incluidos en la reforma del Reglamento de las Cortes, que aun no ha sido aprobado. Ante esta circunstancia, el presidente de la Cámara, Francisco Pina, ha emitido una resolución en la que regula, de forma transitoria –hasta la reforma del Reglamento–, el procedimiento para convalidar y derogar estas resoluciones.

En primer lugar, un miembro del Gobierno debe exponer ante la Cámara los motivos de “urgente y extraordinaria necesidad” que han llevado al Ejecutivo a la aprobación. Queda convalidado si recibe el apoyo de la mayoría de los diputados. No obstante, superado este primer paso, si uno de los grupos parlamentarios solicita que sea tramitado como proyecto de ley, se somete a votación. En cualquier caso, los decretos seguirán el procedimiento de urgencia, lo que impide que puedan prosperar enmiendas a la totalidad y ser devueltos al Gobierno.

El debate del decreto tendrá lugar en el pleno del próximo jueves, 20 de diciembre.

El decreto, que contempla la tramitación urgente y prioritaria de una nueva figura urbanística dirigida a la instalación de grandes equipamientos en zonas rurales, es el segundo que llega a la Cámara. El primero, el de las ayudas por las riadas de la pasada primavera, tuvo una plácida tramitación, ya que fue apoyado por todos los grupos. Sin embargo, esta situación no se da ahora, ya que IU ha anunciado su oposición y ha solicitado formalmente que sea tramitado como proyecto de ley. Lo primero es cuestión de números –PSOE-PAR tienen mayoría absoluta–. Lo segundo era legalmente inviable hasta que ayer la Mesa y la Junta de Portavoces ratificaron la resolución de Pina.

Fuentes parlamentarias explicaron que las normas para la tramitación de los decretos ley estaban ya previstas, aunque lo normal era que su aplicación hubiera sido aplazada hasta la reforma del Reglamento.

De hecho, sin la convalidación de la resolución de Pina la tramitación parlamentaria de los decretos no podía, en la práctica, cumplir los requisitos que marca el Estatuto.

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