Iglesias y Biel, con el agua al cuello

POR MANUEL TRILLO

El guión de la legislatura se ha alterado en cuestión de un par de semanas. PSOE y PAR se las prometían muy felices tras revalidar para un tercer mandato su gobierno de coalición en la Comunidad aragonesa. Con la atención centrada en la celebración este verano de la Expo 2008 de Zaragoza y los partidos de la oposición, sobre todo PP y CHA, recomponiéndose tras los varapalos electorales, todo apuntaba a que, al menos hasta 2009, la vida política sería un camino de rosas para socialistas y aragonesistas en Aragón.


Sin embargo, dos asuntos polémicos de gran calado han cambiado el panorama y, a punto de celebrarse el próximo día 23 el Día de la Comunidad, los socios han pasado de ir «sobrados» a estar en los mayores aprietos con que se han encontrado hasta el momento.
El primero de ellos es el creciente clima de escepticismo social en torno al proyecto del macrocomplejo de ocio y cultura para el desierto de los Monegros, Gran Scala, motivado en buena medida por el retraso en verse materializados los primeros pasos para que se haga una realidad. El Gobierno autónomo preveía que el pasado mes de enero se hubiera fijado ya el lugar exacto donde se ubicarían las 2.000 hectáreas necesarias, pero a estas alturas de abril todavía se barajan cuatro alternativas.
Sin desembolsar ni un euro
Además, el consorcio promotor, International Leisure Development (ILD), todavía no ha desembolsado un solo euro que ofrezca a la opinión pública garantías de que la idea va adelante, mientras que el Gobierno aragonés insiste en que hará todo lo necesario para que salga adelante, incluyendo las modificaciones legislativas que permitan encajar el proyecto en la normativa aragonesa.
En este caso, es el PAR -en concreto el vicepresidente del Ejecutivo, José Ángel Biel, y el consejero de Industria, Arturo Aliaga- quien está llevando a cabo todas las gestiones relacionadas con Gran Scala, por lo que son también los aragonesistas los que más se juegan su credibilidad. Sus insistentes apelaciones a la confianza y a la necesidad de tranquilidad para desarrollar el proyecto no están siendo suficientes para acallar las dudas que plantean algunos medios de comunicación locales sobre la solvencia de los promotores y los avances en Gran Scala.
Tal vez por ello la parte socialista del Gobierno parece tomar distancias. El propio presidente, Marcelino Iglesias, ha sugerido en los últimos días en remitirse a los aragonesistas cuando se le ha preguntado por el macrocomplejo y de proyecto lo ha reducido a una mera «idea», que se puede interpretar como una venda ante la herida que pudiera causar un eventual fracaso.
Pero Iglesias tiene otras preocupaciones más graves. En estos casi nueve años, ha hecho bandera de su oposición al trasvase del Ebro y la «conducción» de agua a Barcelona le está poniendo contra las cuerdas. Ya cuando se barajaba una posible captación desde la cabecera del río Segre su respuesta fue tibia, pero cuando se le ha visto especialmente desconcertado ha sido ante el acuerdo, sin que nadie le haya consultado, para llevar agua desde el llamado «minitrasvase» a Tarragona. Primero estuvo tres días en silencio; después reunió al Consejo de Gobierno para aprobar una resolución en la que, sin rechazar la operación, se remitía a lo que dijeran unos futuros informes, y finalmente ha acabado acatando la tesis del Gobierno según la cual no se trata de un trasvase porque no afecta a los caudales de la cuenca del Ebro, según asegura.
Un debate visceral
Pero en un debate tan delicado y visceral como el del agua, en el que las posturas se polarizan de forma maniquea -como Iglesias comprobó al movilizar a miles de aragoneses-, está por ver el coste que le puede acarrear el negar ahora que llevar agua del Ebro a la ciudad condal es un trasvase. De hecho, su compañero de filas y al tiempo tradicional adversario político interno, Juan Alberto Belloch, ha cuestionado esa valoración.
Tampoco el PAR, para el que se supone que la oposición al trasvase forma parte de su RH, muestra ahora un rechazo claro. No obstante, sí ha criticado que sólo se dé explicaciones a la Comunidad con el decreto ya enviado al BOE.

Fuente: ABC

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