Aliaga no aclara la situación de Gran Scala, mientras Iglesias insiste en que no hay un nuevo trasvase

Fuente: Heraldo de Aragón

El consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, no despejó ante el Pleno de las Cortes las dudas sobre la situación actual del proyecto de ocio y juego en la comarca de los Monegros, Gran Scala, ni acerca de la solvencia de algunos de los promotores.

Aliaga intervino en el Pleno en lugar del presidente del Gobierno, Marcelino Iglesias, como había solicitado el PP, cuyo portavoz, Antonio Suárez, criticó que el Ejecutivo se haya metido en este “barro” sin conocer la trayectoria y solvencia o insolvencia de los promotores.

Para Suárez, el Ejecutivo no puede decir que si Gran Scala no sigue adelante no pasa nada cuando respaldó el proyecto con una presentación a “bombo y platillo” en su sede, y anunció que su partido exigirá todas las responsabilidades políticas que procedan porque, en su opinión, cada día parece más la “gran estafa”.

Suárez pidió a Aliaga que detallara, entre otras cuestiones, el origen del proyecto -sobre el que su partido dejó, cuando se presentó, una “puerta abierta” a pesar de que no le gustaba la parte del juego- y si en los prolegómenos intervino una persona muy relacionada con el espionaje, o si los promotores han entregado el aval de 20 millones exigido por el Ejecutivo.

Además, acusó al Gobierno de falta de transparencia en torno al proyecto -que tiene, agregó, vinculado un “motorcico” sobre el que tampoco ha dado explicación- y al PSOE y PAR de intentar “taponar” en la Cámara cualquier intento de arrojar luz al respecto al impedir la constitución de una comisión parlamentaria, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado, por unanimidad, formar una comisión para obtener información al respecto.

Al respecto, Aliaga replicó que el Gobierno está actuando con la “máxima transparencia”, al hacer público el protocolo de colaboración firmado con el grupo que promueve Gran Scala -ILD- y además ha exigido, como garantía de la solvencia y de que se dispone de financiación para adquirir los terrenos, un aval de 20 millones -aunque no aclaró si se ha presentado- a pesar de que no hay ninguna ley española o europea que lo exija.

Hizo hincapié además en que está registrada en Londres, con cinco empresas mayoritarias que representan el 68,5% del capital, de 750.000 libras y una previsión de ampliación de 40 millones de euros.

Asimismo, subrayó que el Gobierno va a intentar “agotar todas las posibilidades” para que el proyecto siga adelante, y si tiene que adecuar la normativa lo hará, porque además responde a la estrategia del Ejecutivo de consolidar el crecimiento económico y el empleo y lograr posicionar como destino turístico internacional a Aragón, en la que se fijaron los promotores, dijo, por su sólida economía y la estabilidad política.

Nieves Ibeas, de CHA, criticó que Iglesias haya demostrado una vez que es “hábil traicionando la confianza de los aragoneses” con un proyecto, idea u ocurrencia, dijo, que iba a ser “la gran esperanza” de Aragón y sobre el que no ha dado “la cara” para aclarar, entre otras cuestiones, las incógnitas sobre los promotores, que están dejando “ríos de tinta” por sus problemas de solvencia y con la justicia.

Por su parte, Adolfo Barrena (IU), tras exigir al Gobierno que recupere la “seriedad” y deseche el proyecto, recriminó a Aliaga que no despejara las dudas sobre la solvencia de algunos de los promotores que arrastran un historial de “timos” y “estafas”, además de deudas.

Carlos Tomás, del PSOE, recalcó que los socialistas siguen creyendo en la oportunidad que representa la instalación de Gran Scala en Aragón, porque es el “gran bastión” de ilusión para la Comunidad y ahora la capacidad o la “asfixia” financiera será la que determine su continuidad.

Javier Callau, del PAR, aseguró que el Gobierno está trabajando con suficiente prudencia y desde la legalidad para intentar atraer un proyecto sobre el que se mostró convencido de que se despejarán todas las dudas.

Iglesias insiste en que no hay un nuevo trasvase
Aún sin haber recibido los informes encargados a los servicios jurídicos de su Gobierno sobre el abastecimiento de agua a Barcelona desde Tarragona, Marcelino Iglesias, se mostró convencido de que este proyecto no es, “jurídicamente”, un trasvase del Ebro.

Iglesias compareció ante el Pleno de las Cortes para explicar su posición acerca del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, y que se llevará a cabo mediante la ampliación hasta Barcelona de los caudales que desde el Ebro llegan a Tarragona desde 1981.

Durante el debate, que se prolongó durante casi dos horas, hubo momentos de tensión y cruce de acusaciones y reproches en torno a este proyecto, que Iglesias rechazó que se trate de un trasvase y que únicamente supone una “redistribución” de caudales del Ebro sobre los que los regantes de las Cuencas Internas de Cataluña tienen derechos adquiridos desde 1981.

En este sentido, no amplía la concesión de cuatro metros cúbicos por segundo vigente desde que se aprobó el llamado entonces “mini-trasvase” a Tarragona, que, ése sí, según reconoció Iglesias, fue un trasvase, “uno de los ocho que sufre el Ebro”, dijo.

Además, al ser una redistribución de unos caudales que, aunque con agua del Ebro, son ya de las Cuencas Internas de Cataluña, este proyecto no se puede considerar “técnicamente” un trasvase del Ebro, puesto que en el derecho del agua sólo se considera que una transferencia de caudales es “trasvase” cuando el agua se traspasa de una demarcación hidrográfica a otra.

“Ningún derecho ni expectativa de futuro de quienes forman parte de la Cuenca del Ebro se ven afectados por esta decisión”, enfatizó Iglesias, quien no obstante sí se mostró preocupado por la posibilidad que se vislumbra en el decreto de que se puedan vender derechos del agua.

Aparte de que es una posibilidad “técnicamente inviable”, el Gobierno de Aragón es “radicalmente contrario” al establecimiento de una “mercado del agua” y se mantendrá “vigilante” al respecto. Iglesias también hizo hincapié en el carácter temporal del proyecto de abastecimiento y en que es únicamente para uso de boca.

Pidió “desapasionar” el debate y “tranquilidad” al hablar de un tema tan “sensible” sobre el que el Gobierno de Aragón tomará una decisión “definitiva” cuando estén en su poder los informes encargados a la Comisión Jurídica Asesora (COJA) y a los servicios jurídicos.

En todo caso, advirtió de que “no le temblará el pulso” si tiene que tomar la decisión de recurrir a los tribunales, algo que ya ha hecho, en alusión a la reclamación sobre la deuda tributaria.

La intervención del líder del PP en Aragón, Gustavo Alcalde, fue muy dura con Iglesias, de quien dijo que “está enganchado a la mentira”, que es el “agente comercial de Montilla, siempre vendiendo su trasvase del Ebro”, y que es “sumiso y corderillo” con los gobiernos socialistas y “beligerante” con los del PP. Le reprochó que hiciera del rechazo al trasvase del Ebro su “bandera electoral” y que ahora apoye el proyecto de abastecimiento a Barcelona” en lo que supone un uso “espúreo” de la cuestión hidráulica.

Iglesias, lamentó Alcalde, “se ha saltado a la torera” el Estatuto de Autonomía de Aragón, que establece la necesidad de que Aragón emita un informe preceptivo ante cualquier propuesta de transferencia de caudales, y “ha abierto el melón del Ebro” para que “sus amigos” hagan con él “lo que les dé la gana”. “Lo mire como lo mire esto es un trasvase, y su obligación estatutaria es oponerse, porque igual mañana es demasiado tarde”, le espetó Alcalde al presidente, a quien conminó a dejar el lugar que ocupa en el Gobierno.

La misma petición le formuló el diputado de CHA Bizén Fuster, quien criticó “la forma” en la que se aprobó el Real Decreto, pero también el “cinismo increíble” con el que Iglesias dice que “esto no es un trasvase” sin ni siquiera haber recibido los informes. Se mostró convencido de que Iglesias opina que sí que lo es, pero si lo reconociera, explicó Fuster, tendría que oponerse frente a su partido.

Por su parte, Adolfo Barrena (IU) lamentó que se haya roto el principio de la unidad de cuenca y que no se cumplan las disposiciones estatutarias con ese asunto, sobre el que se debería de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

El portavoz socialista, Jesús Miguel Franco, reprochó al PP su pasado trasvasista e hizo hincapié en que el que proponía el Plan Hidrológico de José María Aznar, de 1.050 hectómetros cúbicos hacia Barcelona, Valencia, Murcia y Almería, no tiene nada que ver con el proyecto actual porque “no es lo mismo beber que especular”. No diferenciar ambas cosas, dijo, sería “perder toda la razón”, además de que en este caso se trata de agua de boca para cinco millones de españoles.

Y Javier Allué, portavoz del PAR, se preguntó irónicamente por lo que van a hacer los diputados del PP cuando en el Congreso de los Diputados se vote la convalidación del real decreto y si, en el caso de que lo apoyen, los dirigentes regionales dimitirán. Reconoció que las cosas “podrían haberse hecho de otra manera”, con debate previo y buscando alternativas, pero insistió en el componente “claramente antitrasvasista” del PAR y se remitió a los informes jurídicos.

 

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