Acusan al Gobierno aragonés de legislar a la medida del negocio de Gran Scala

Fuente: ABC

El Gobierno aragonés dio luz verde, la semana pasada, al decreto-ley de medidas contra la crisis. El título, de antemano, generaba expectativas en positivo entre los grupos políticos aragoneses, pero el detalle de ese decreto, no. Con más o menos intensidad, y con matices entre sí, todos los grupos de la oposición han expresado sus recelos al resultado final del texto que ha aproado el Ejecutivo PSOE-PAR. Chunta Aragonesista (CHA) e IU han sido los que con más contundencia se han manifestado.


Consideran que el Gobierno regional ha utilizado la crisis económica como excusa para titular un decreto-ley que, a su juicio, van a permitir que se apoye directamente a proyecos empresariales que considere de interés el Ejecutivo autónomo, abriendo la puerta a la discrecionalidad. CHA está convencida de que se ha dibujado un marco legal a la medida de Gran Scala, el mega-proyecto impulsado por el consorcio de inversores ILD, que genera controversia política y social. Prevé la urbanización de 2.000 hectáras en Oniñena (Huesca) para construir un gran complejo con 32 casinos, decenas de hoteles, restaurantes, tiendas y parques de atracciones, entre otros contenidos.
El nuevo decreto-ley aprobado por el Gobierno crea la figura de las inversiones de interés autonómico, de la que recelan en las filas de la oposición. Aquellos proyectos que sean considerados de interés autonómico, verán recortados a la mitad los plazos de tramitación.
El PP considera que siempre es bueno que se acorten los plazos para favorecer la inversión empresarial, pero subraya que el Gobierno PSOE-PAR ha tenido nueve años -los que lleva en el Ejecutivo- para haberlo hecho. Así que, a juicio de los populares, este tipo de medidas deberían haber llegado mucho antes, no sólo en estos tiempos de crisis. Y pide también que haya transparencia y rigor al hacer uso de esa figura de las «inversiones de interés autonómico».
IU reprocha a PSOE y PAR que hayan optado por la vía del decreto-ley para aprobar este texto, en lugar de haber elegido la fórmula ordinaria del proyecto de ley, que permite un debate más profundo en las Cortes regionales, con la presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos. El decreto-ley llegará a las Cortes, pero el debate queda recortado.
El Ejecutivo niega la vinculación
El vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, niega que el decreto-ley se haya hecho pensando en allanar el camino de Gran Scala. Así lo dijo ya la semana pasada, cuando explicó la aprobación por parte del Gobierno autónomo de este decreto-ley, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Biel insiste en que no hay relación directa entre el decreto-ley y Gran Scala, proyecto que se presentó por todo lo alto en un acto oficial del Gobierno aragonés hace casi un año y que sigue a la espra de empezar a desarrollarse.
CHA, sin embargo, está convencida de que el nuevo texto legal está hecho «a la medida de los intereses privados de Gran Scala». «El Gobierno de Aragón está cumpliendo con su parte del trato suscrito con la promotora de Gran Scala, ILD», resaltaron ayer fuents de Chunta. Indicaron que el protocolo de colaboración firmado por los consejeros de Economía e Industria, Alberto Larraz y Arturo Aliaga, respectivamente, el 12 de diciembre de 2007, el Gobierno de Aragón se comprometía a adecuar la normativa administrativa al proyecto, además de a impulsar las infraestructuras, facilitar suministros de agua y energía y proveer los servicios públicos.

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