Una ley arbitraria para Gran Scala

Por CHESÚS Yuste, artículo de opinión en El Periódico de Aragón 

Esta semana, a velocidad supersónica, las Cortes de Aragón aprueban la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que es el eufemismo con el que el Gobierno ha denominado a la ley de Gran Scala. Una ley hecha a la medida de este megaproyecto de ocio y juego apadrinado por Iglesias y Biel desde su presentación en el Salón de la Corona del Pignatelli en diciembre de 2007. CHA se ha opuesto a este proyecto de ley y ha sustentado su rechazo en sólidos argumentos: se trata de una legislación ad personam, hecha a la carta, en cumplimiento del compromiso que adquirió el gobierno PSOE-PAR con los promotores de Gran Scala, de turbia trayectoria por cierto, en el Protocolo de colaboración aún vigente. Además, a nuestro juicio, se vulneran varios principios constitucionales (igualdad, seguridad jurídica, prohibición de la arbitrariedad, propiedad privada y autonomía municipal), es decir, nos encontramos ante una barbaridad jurídica.

Puede haber ciudadanos biempensantes que crean que esta ley nace para controlar a esas grandes empresas o para cubrir alguna laguna legislativa. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que existe suficiente legislación sin necesidad de hacerle una ley a medida de proyectos privados de la magnitud de Gran Scala. No es que falten leyes, el problema es que este megaproyecto incumple la legalidad vigente. Vamos, que es ilegal, por eso el gobierno se ve obligado a cambiar leyes y normativas, para adecuar la legalidad a Gran Scala. No para adecuar Gran Scala a la legalidad, como cabría esperar en un Estado de Derecho. La fórmula elegida por el Gobierno ha sido crear un espacio jurídico de excepción donde dejan de ser de aplicación leyes tan importantes como la urbanística, la de ordenación territorial, la del juego o la de espectáculos públicos.

Por ejemplo, la normativa aragonesa limita el número de casinos permanentes a uno por provincia y a una distancia mínima de 40 km. Para ubicar los 32 casinos de Gran Scala en un único municipio, se necesita dejar la legalidad sin efecto en Ontiñena. Es más, esta nueva ley recoge que, en materia de juego, se aplicarán “los parámetros internacionales que rigen en los centros o zonas de características análogas”. Es decir, que en Ontiñena (o donde diga el Gobierno), los usos y costumbres de Las Vegas o Macao, cualesquiera que sean, sustituirán a la Ley del Juego de Aragón. Y es que esta ley hecha para Gran Scala se fundamenta en la arbitrariedad. Se reconoce en su preámbulo: “Las solicitudes que puedan presentarse quedan siempre a criterio discrecional del Gobierno de Aragón”. Así de claro. El Gobierno quiere tener las manos libres para actuar por encima de la legislación ordinaria en materias especialmente sensibles. De hecho, establece un procedimiento privilegiado a favor de un determinado tipo de proyectos empresariales en detrimento del resto de actividades económicas, vulnerando el principio de igualdad. Además, el Pignatelli asalta eficazmente la autonomía municipal, reservándose todas las decisiones a través de un consorcio donde las entidades locales afectadas serán convidadas de piedra. Por ejemplo, será el Gobierno quien apruebe el proyecto de ordenación que regirá la urbanización y construcción de Gran Scala, usurpando así las competencias urbanísticas y territoriales del ayuntamiento implicado.

También se vulnera la propiedad privada, al declarar Gran Scala (y futuros proyectos similares) como “de utilidad pública e interés social”. ¿Cómo es posible que se puedan considerar de interés social 32 casinos? Resulta escandaloso. Y aún más que se prevea expropiar las tierras restantes que necesite el megaproyecto una vez que sus promotores hayan adquirido el 80% de los suelos necesarios. (El proyecto decía 90%, pero el PAR lo ha corregido mediante enmienda. ¿Por qué este cambio?, ¿a quién le hacía falta esa modificación?).

Los indicios de inconstitucionalidad han sido denunciados también por los Letrados de las Cortes en su informe jurídico, que ha sido desoído por los portavoces de PAR y PSOE. No sólo nos jugamos persistir en el error de un modelo económico especulativo, ajeno al discurso de “menos cemento y más conocimiento” que dice ahora Rodríguez Zapatero, sino menoscabar la legalidad autonómica en provecho de unos promotores del juego de azar. ¿Dónde queda el interés general?

Diputado en las Cortes de Aragón por Chunta Aragonesista (CHA)


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