PSOE y PAR fracasan en su intento de conseguir un informe favorable a la ley de Gran Scala

Fuente: Heraldo de Aragón

Los partidos que sustentan al Gobierno en Las Cortes, PSOE y PAR, no han logrado el respaldo jurídico que querían para aprobar la ley de Gran Scala sin dudas constitucionales y, pese a esto, ratificarán la norma que legaliza el proyecto. La letrada mayor de la Cámara, Vega Estella, ha respaldado el dictamen anterior de un jurídico de su equipo que planteó dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad. No obstante, lejos de profundizar y aportar argumentos, la jurista se dedica en 21 folios a advertir de que su labor se limita a “asesorar” y que la decisión es política, que este tipo de apreciaciones son “normales” y que los jurídicos gozan de “autonomía funcional”.

 

La semana pasada, uno de los letrados de las Cortes presentó un informe de correcciones técnicas a esta norma. En él, planteaba dudas de constitucionalidad en un artículo que permitía al Gobierno de Aragón expropiar terrenos en aras del interés general una vez que los promotores privados hubieran obtenido el 80% de los suelos. Asimismo, advertía de inseguridades jurídicas por la normativa de juego singular que iban a tener estos proyectos frente al resto del territorio. Ante estas puntualizaciones, los partidos que sustentan el gobierno decidieron solicitar un informe a la letrada mayor de las Cortes. Ayer se dio a conocer.

 

Estella explica que ella dio el visto bueno y consideró “que estaba ajustado a las correcciones técnicas habituales y redactado en los términos que aconseja la prudencia jurídica”. Pero defiende “la autonomía funcional” de los juristas. “Los letrados desempeñan sus funciones bajo los principios de objetividad, neutralidad y rigor”, subraya Estella, que explica que ella no da directrices a sus letrados. Y en su ánimo de restar importancia y normalizar este tipo de dictámenes, recalca que las dudas de inconstitucionalidad se han expresado en otras leyes autonómicas como la urbanística.

 

No obstante, reconoce que habitualmente suelen plantearse en la fase de ponencia verbalmente para que se resuelvan antes y no en las correcciones. “Es normal que los letrados advirtamos cuando apreciamos indicios de inconstitucionalidad en los textos objeto de elaboración de tales indicios”, dice, y recuerda que solo el Tribunal Constitucional puede emitir un juicio en este sentido. Pero no aporta ningún argumento que sustente esas dudas. Solo valora si se han planteado correctamente desde un punto de vista formal.

 

En esta línea, la letrada mayor de las Cortes deja claro en su informe -que ella reconoce que es “peculiar” y que obedece a “una situación alejada de la cotidianeidad”- que la labor de los servicios jurídicos se limita a asesorar y que el dictamen de correcciones técnicas no es vinculante. Es más, aclara que su rechazo no “paraliza el procedimiento legislativo” y que no deben “distorsionarse” estas dudas, que “tienen el valor que habitualmente tienen”.

 

Por eso, recuerda a los diputados que la decisión última sobre las leyes es política porque son los diputados los que tienen la potestad de legislar, según el Estatuto. Y lanza un mensaje a los partidos: “Creemos, desde el rigor procedimental y jurídico, que los grupos parlamentarios no pueden verse constreñidos para variar su decisión política en función de unas dudas jurídicas expresadas en un informe de correcciones técnicas, no en un informe jurídico expresamente encomendado para dar respuesta a un problema concreto con todos los instrumentos jurídicos que habitualmente se utilizan”.

 

E insiste: “Creemos que los informes jurídicos deben ser tenidos en cuenta, valorados, sopesados, pero (…) no pueden sustituir a la decisión política, deben ayudar a conformarla, pero no pueden convertirse en protagonistas de la misma”. De hecho, llega a decir que la decisión política “debe arriesgar, tener en mente otros factores que no tienen cabida en un informe jurídico”.

 

Vega Estella, además, se muestra sorprendida por la repercusión del informe de correcciones técnicas, que considera “desmesurada”, y critica que la aprobación de una ley dependa del juicio de una letrada, lo que -según ella- “distorsiona todo el sistema”. “La labor de los letrados debe permanecer ajena a injerencias externas”, insiste.

Explicación “insólita”

Pero va más allá y llama la atención sus últimas puntualizaciones, por “insólitas”, como ella misma reconoce. Consciente -dice- de que estas consideraciones “van a tener una proyección que trascenderá el estricto ámbito parlamentario”, la letrada mayor manifiesta “el deseo de dejar constancia de la absoluta falta de condicionamientos para realizar las argumentaciones expuestas”.

 

“Ni la Presidencia de la Cámara, ni la Mesa de las Cortes, ni la Junta de Portavoces, ni la Ponencia y, en consecuencia, ninguno de los miembros que integran estos órganos, han tratado de influenciarnos a la hora de elaborar este informe que obviamente está sometido a otro mejor fundado en Derecho”, concluye el informe jurídico.

 

 
El PP rechazará los artículos conflictivos y CHA e IU exigen que se retire la norma
 
El PAR dice que el informe jurídico permite continuar la tramitación, mientras el PSOE lo estudia y no se pronuncia. Ambos partidos apoyarán hoy la ley de centros de ocio
 
N. A. M.

zaragoza. Las Cortes de Aragón darán hoy el visto bueno -salvo sorpresas de última hora- a la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad. Y lo harán con los votos del PSOE y el PAR y el respaldo puntual del PP. CHA e IU mantienen su rechazo frontal al proyecto de Gran Scala y se opondrán a la norma. De hecho, ambos ya han anunciado que buscarán alternativas para llevar la ley al Tribunal Constitucional.

 

El portavoz del PP, Eloy Suárez, mantuvo tras conocerse el contenido del informe solicitado por PSOE y PAR a los servicios jurídicos de las Cortes, que su formación no apoyará los artículos “con dudas y sombras de inconstitucionalidad”. Es decir, aquellos señalados en el informe de correcciones técnicas y que hacen referencia a la posibilidad de declarar de “utilidad pública e interés social” un proyecto privado como Gran Scala para poder expropiar terrenos. Pero tampoco darán su voto a aquellos en los que se plantean inseguridades jurídicas como el que permite establecer una normativa del juego singular para estos proyectos que difiere de la del resto de la Comunidad Autónoma o los que regulan el consorcio. En este sentido, Suárez recordó que cuando se han planteado dudas de inconstitucionalidad en otras leyes se han resuelto durante la ponencia.

 

El portavoz popular achacó la situación generada a “las prisas y precipitación” con las que se ha tramitado esta ley, que apenas ha necesitado una semana de ponencia para estar concluida. “Esto ha creado desconcierto”, dijo Suárez, que aseguró que su partido siempre ha mantenido “una actitud constructiva”.

 

Sin embargo, el PAR discrepó. Su portavoz, Javier Allué, destacó que el informe de la letrada mayor de las Cortes permite continuar la tramitación de la ley y que “el que quiera utilizar el dictamen para votar en contra es porque lo tenía decidido”. “El que cambie el voto que lo explique, porque en su momento no lo denunció”, criticó Allué, en referencia al PP. No en vano, los populares enmendaron uno de los artículos señalados por su posible inconstitucionalidad pero no el párrafo denunciado. El PSOE no quiso pronunciarse sobre el informe de la letrada mayor a la espera de analizarlo con mayor detalle.

Compromiso de Iglesias y Biel

Los que sí mantienen sus tesis iniciales son CHA e IU. Ambos exigen que esta ley se retire. Y con más motivos después de conocerse los dictámenes de Las Cortes, los nacionalistas creen que el Ejecutivo debería echarla atrás y no aprobarla hoy. “¿Qué grupo político se atreve a seguir adelante?”, se preguntó la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, que recordó que tanto el presidente, Marcelino Iglesias, como el vicepresidente, José Ángel Biel, aseguraron que la norma se iba a ajustar la Constitución. “Los servicios jurídicos están dudando de su constitucionalidad y siguen adelante”, denunció. El diputado de CHA Chesús Yuste también apostilló que “habrá que ver si el Gobierno cumple su palabra”. Yuste enumeró todos los reparos incluidos en el informe de correcciones técnicas de un letrado de las Cortes y reiteró “que hay evidentes visos de inconstitucionalidad”. Por eso, dijo que se seguirá trabajando para presentar un recurso.

 

También Izquierda Unida recalcó que mantiene su empeño de llevar esta ley al Tribunal Constitucional, una vez que se apruebe. Su portavoz, Adolfo Barrena, denunció que “se ha querido utilizar a los servicios jurídicos para tomar una decisión sobre una ley mala, que tiene visos de inseguridad jurídica e inconstitucionalidad”. Barrena suscribió los argumentos utilizados por la letrada mayor de las Cortes, Vega Estella, y recordó que las leyes “son decisiones políticas”.

INFORME COMPLETO elaborado por la letrada mayor de las Cortes.


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