Gran Scala acaba ante el juez por el impago de 200.000 euros a sus antiguos abogados

Fuente: Heraldo de Aragón

Un juzgado de Zaragoza empieza a buscar fondos en cuentas bancarias de ILD para hacer frente a los primeros gastos judiciales. Los promotores del complejo alegan que la minuta de Garrigues es «excesiva», lo que se dirimirá en una vista previa en junio.
Imagen virtual de Gran Scala.HERALDO Imagen virtual de Gran Scala.HERALDO

El gabinete jurídico que en su día asesoró a Gran Scala en su desembarco en Aragón ha demandado por impago a los promotores de International Leisure Development (ILD). La firma Garrigues, que gestionó la compra de terrenos en Monegros, le reclama en los tribunales cerca de 200.000 euros en concepto de honorarios no cobrados e intereses de demora. El caso está ya en un juzgado de Zaragoza, que ha fijado audiencia previa para primeros de junio. Por el momento, el juez ha echado ya para atrás dos recursos del consorcio promotor que intentaban dilatar el proceso. Y ha condenado en costas por uno de ellos a la sociedad internacional ILD, que debe abonar 1.500 euros por los gastos judiciales.

La compañía, que aspiraba a liderar una inversión de 14.000 millones para construir el complejo de ocio y juego en Ontiñena, no ha consignado la cantidad en tiempo y forma, por lo que el juez ha iniciado ya los trámites para localizar y trabar posibles bienes que tenga la sociedad en nuestro país. Según ha podido saber este periódico, el juzgado se ha dirigido a varias entidades financieras que operan en la Comunidad para conocer si tienen cuenta en sus oficinas con las que poder satisfacer esa deuda. Entre otras, habría mandado requerimientos a dos cajas de ahorro aragonesas -Ibercaja y Caja Inmaculada- y a Barclays Bank, entidad con la que los promotores acostumbraban a trabajar. No en vano, los cheques con los que se han ido pagando los diferentes plazos de las opciones de compra a los propietarios de terrenos en Ontiñena estarían asociados a esa entidad bancaria.

Además, el juez ha requerido a la sociedad ILD que manifieste de qué bienes dispone para cubrir la cuantía. Y le ha advertido de que podrá ser sancionada por desobediencia grave en caso de que no presente la relación exigida.

Preguntada por el caso, la firma Garrigues, con sede en Zaragoza, declinó ayer hacer ningún tipo de declaración al respecto. Sí reconoció la existencia del contencioso civil el actual abogado de Gran Scala. Eduard Aguirre explicó que sus clientes consideran «excesiva» la minuta reclamada por los anteriores asesores jurídicos del proyecto. «Hemos hecho una auditoría y los honorarios nos parecen desorbitados», se justificó.

Aguirre, que aseguró haber intentado llegar a un acuerdo amistoso con Garrigues para evitar el juicio y haber abonado parte de los servicios prestados, defendió también que puede existir un «conflicto de jurisdicción» al entender que el competente para dirimir el caso sería un juzgado londinense y no uno zaragozano, ya que su sede social está ubicada en la capital británica.

En este sentido, argumentó que se está provocando «indefensión» a sus clientes, ya que las actuaciones de la causa no se han traducido ni al francés, ni al inglés. Y enmarcó en esta supuesta cuestión de jurisdicción el impago de las costas del recurso. «Por pequeña que sea la cantidad, haberla abonado habría supuesto reconocer implícitamente la legitimidad del juzgado zaragozano para abordar el caso», afirmó. La vista previa, tal y como anunció Aguirre, se producirá a principios del mes de junio. «Como no puede ser de otra manera, acataremos la sentencia que dicte el juez», concluyó.

Más dudas

El proceso, que se dirimirá tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo, arroja más sombras y dudas sobre el proyecto que abanderó el Gobierno de Aragón a finales de 2007 y que cada día que pasa se desinfla un poco más. No en vano, sus promotores se dieron recientemente un plazo de dos meses para decidir si continuaban adelante o no con el plan para convertir Ontiñena en una especie de Las Vegas europea.

Los problemas de liquidez -que obligaron, incluso, a retrasar el pago de uno de los plazos acordados por los terrenos- y las dificultades para encontrar financiación han puesto en entredicho el futuro del proyecto. Hace apenas unos días los promotores conseguían abonar su deuda con los propietarios de los suelos y entregaban 70 cheques por valor de 188.000 euros, pero ellos mismos reconocían que el complejo no está «asegurado» todavía. De hecho, siguen buscando financiación para tratar de lograr los 500 millones que requiere la primera fase del proyecto. La reclamación económica de Garrigues -de prosperar- puede ser, en este sentido, la puntilla.


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