ILD rehúsa prorrogar la señal de los terrenos y sepulta Gran Scala

Fuente: El Periódico de Aragón

Su abogado pidió a los vecinos que esperaran al 31 de marzo pero se negó a comprometerse por escrito. El mayor fiasco vivido en Aragón se diluye tras cobrar varias familias 1,2 millones de su morosa promotora.

La atronadora tormenta de disparates que en los últimos cuatro años ha perturbado con quimeras la vida en Los Monegros y el Bajo Cinca –Gran Scala– comenzó a escampar la pasada medianoche, al caducar –por impago– las últimas opciones de compra que varias decenas de vecinos habían suscrito con International Leisure Development Spain. Su matriz ILD, un consorcio internacional formado por sociedades radicadas en paraísos fiscales y dirigido por empresarios habituados a vivir en el filo de la navaja, aterrizó en Aragón a finales del 2007 como promotor de un macrocomplejo de casinos y parques temáticos que iba a generar una inversión de 17.000 millones de euros. Al levantar el vuelo, sus jefes han dejado un reguero de deudas de cientos de miles de euros.

El último acto de la historia tuvo lugar el jueves por la noche en el ayuntamiento, donde el alcalde, Ángel Torres, y el abogado de ILD, Edouard Aguirre, se reunieron con los propietarios que suscribieron opciones de compra sobre sus tierras. No hay pasta, les explicó el letrado, que les aseguró que la crisis ha ahuyentado a los inversores y les pidió que aguantaran sin vender sus tierras a nadie hasta el 31 de marzo. Ese día, si lograban financiación, volverían para comprarlas.

SIN PAPEL Un vecino propuso entonces formalizar en papel una prórroga de las señales, opción que el abogado rechazó. Era un responso para la idea de Gran Scala, un ensueño que ni siquiera llegó a alcanzar la categoría de proyecto pese a la implicación del anterior Gobierno de Aragón.

ILD, que había formalizado opciones de compra sobre 1.300 hectáreas de campos y monte, llegó a pagar un 14% del valor de venta de un millar de ellas y un 2% de las 300 restantes. Eso supuso que unas decenas de vecinos se hayan repartido en los últimos años algo más de 1,2 millones de euros. Los únicos que han sacado algún beneficio de Gran Scala.

El 2% que debían haber recibido ayer nunca habría llegado a sus manos al haber embargado un juzgado de Zaragoza cualquier pago que realizara ILD, condenada a pagar a un prestigioso despacho de abogados una deuda de 250.000 euros por los servicios que le había prestado. A las doce de la noche de ayer las opciones dejaron de tener eficacia jurídica: no atan al dueño ni al comprador, ni sirven para saldar la deuda del consorcio.

“La gente ha cobrado incluso más de lo que vale la tierra”, coinciden en la barra del bar Aragonia uno de los clientes, José Pueyo, y su propietario, Fran. La mayoría de los propietarios se ha embolsado 1.120 euros por hectárea –el 14% de 8.000– cuando años atrás las habían comprado por 500. Las cantidades que han ingresado los dueños de las fincas señaladas superan también claramente las que podría haberles reportado su cultivo, ya que se trata de secanos que únicamente pueden trabajar en barbecho –año sí, año no– y cuya producción es escasa por la baja pluviometría que sufre la zona.

“El lunes cada uno es libre de hacer lo que quiera con las tierras”, explica el jubilado José Ferrer mientras pasea con su nieta por la calle Mayor. “Queda la esperanza” de que Gran Scala pueda salir adelante y está convencido de que si alguien llegara con el dinero la mayoría de los vecinos venderían sus fincas. Aunque tampoco tiene mucha confianza en que eso pueda terminar ocurriendo. De hecho, califica la reunión del jueves como “visita de cortesía”.

SEGURO A su lado pasa Mosén Lorenzo Buera, el párroco de Ontiñena, al que Gran Scala no le ha provocado demasiados quebraderos de cabeza. “Ya se apañarán”, abrevia. “En estos tiempos de crisis, me parece una barbaridad” afrontar un proyecto de esas características, añade.

El cura tiene el análisis moral tan claro como el económico. “Los promotores vinieron una vez a preguntarme qué me parecía. Les dije: si lo que quieren es saber qué piensa la Iglesia de algo así, lo tenemos más claro que el Evangelio”.

La opinión mayoritaria entre los vecinos del pueblo, que hace dos décadas vivió otro bluf con forma de siderurgia, es una mezcla de “no lo harán” –lo achacan básicamente a la crisis–, “sería bueno que lo hicieran” y “que les quiten lo bailao a los que han cobrado las señales”.

“Era un negocio redondo. La pena es que no haya seguido”, abunda en el Aragonia Fran. Tanto él como otros clientes coinciden en que la inyección de 1,2 millones no ha tenido efectos en la economía local. “La gente hoy guarda el dinero por si acaso. Y aquí ha pasado lo mismo”, explican.


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